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MiFID II y las razones del retraso de su entrada en vigor

El pasado 10 de febrero, la Comisión Europea decidió retrasar la aplicación de la Directiva revisada de Mercados de Instrumentos Financieros, tradicionalmente conocida como MiFID II. En un principio, estaba previsto que la Directiva entrase en vigor el 3 de enero de 2017, pero la Comisión ha entendido que, debido a la considerable dificultad de empresas y reguladores para implementar los requisitos técnicos de la normativa, es preferible retrasar un año más, hasta enero de 2018, su puesta en marcha.

El principal objetivo de MiFID II no es otro que reforzar la seguridad, eficacia y transparencia de los mercados financieros en aras de una mayor protección de los inversores. Para ello, ESMA entregó a la Comisión en junio y septiembre del año pasado dos paquetes de Normas Técnicas de Regulación (NTR) y Normas Técnicas de Ejecución (NTE) que hicieran posible la aplicación de la Directiva, siguiendo el conocido proceso Lamfalussy, usado en la Unión Europea para el desarrollo legislativo de los servicios financieros (valores, banca y seguros), fomentar la cooperación en materia de control y acrecentar la coherencia en la aplicación de las medidas así como su control a escala nacional.

MiFID II regula productos (renta variable, renta fija, derivados, fondos de inversión…), prácticas (el trading algorítimico, por ejemplo) y mercados (Bolsas tradicionales, mercados no oficiales –over-the-counter–, etc.), lo cual ha hecho desconfiar desde un primer momento a gran parte del sector financiero europeo. En España, concretamente, supondrá una revolución en el sistema de comercialización de fondos de inversión, controlado mayoritariamente por las entidades bancarias.

En este sentido, la nueva normativa limita de manera considerable que las entidades bancarias cobren de las gestoras de fondos las polémicas retrocesiones por vender sus productos a los clientes, además de prohibir a los asesores independientes recibir este tipo de contraprestaciones. Esta cuestión ha sido objeto de enorme debate en el seno de la UE: el Comité Consultivo de ESMA para los Mercados de Valores (Securities Markets Stakeholders Group) expresó su preocupación al respecto, al considerar que ello podría suponer el fin de la denominada “open architecture”, reduciendo las posibilidades de que los inversores encuentren el producto más adaptado a sus necesidades y restringiendo, al igual que en Reino Unido, el acceso del inversor al servicio de asesoramiento.

El retraso en la aplicación de MiFID II puede implicar una flexibilización en alguno de los ámbitos que regula, como el de las retrocesiones. Es posible, por tanto, que se aprueben parcialmente las NTR y NTE menos conflictivas, sin que ello afecte a la Directiva entera. Su predecesora, MiFID I no ha funcionado debido al estallido de la crisis financiera, la proliferación de productos financieros complejos en un contexto de búsqueda de rentabilidad y el dilema de las entidades entre mejorar su solvencia y sobrevivir o proteger al cliente.

Ciertamente, el camino recorrido por el legislador comunitario desde los inicios de la crisis se ha visto entorpecido, además de por los anteriores factores, por la reticencia de las entidades y los reguladores y la escasez de medios para trasponer MiFID II a los ordenamientos nacionales. Su puesta en funcionamiento exigirá innovación, mejorar la información y la comunicación con el cliente, y abre un gran mercado al asesor financiero independiente, lo cual implica reducir el poder de las entidades bancarias, cuya implantación en España es muy superior a la media europea. En otros países en los que ya se han introducido restricciones a la percepción de incentivos de terceros en determinados servicios de inversión (Reino Unido, Dinamarca o los Países Bajos), la experiencia ha demostrado que las nuevas medidas influyen directamente en los modelos de negocio de las entidades, así como en sus cuentas de resultados. Ahora, las entidades españolas cuentan con un año más para prepararse para la llegada de esta Directiva, que aspira a reforzar la seguridad y transparencia de los mercados financieros para favorecer una mayor protección de los inversores.

Ibai Puente González

Colaborador de la Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros

Universidad CEU San Pablo

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